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En sesi贸n de la Diputaci贸n Permanente se aprob贸 un punto de acuerdo presentado por el diputado Felipe Eduardo Gonz谩lez Miranda, para exhortar a la Procuradur铆a Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretar铆a de Educaci贸n P煤blica (SEP), que en el 谩mbito de sus respectivas atribuciones, refuercen las acciones de vigilancia, informaci贸n y protecci贸n de las familias ante posibles pr谩cticas comerciales abusivas por parte de instituciones educativas particulares relacionadas con la adquisici贸n de 煤tiles, uniformes, calzado, libros y dem谩s materiales escolares; y a la Comisi贸n Nacional Antimonopolio (CNA), para que, en caso de advertir elementos que pudieran constituir pr谩cticas anticompetitivas, proceda conforme a sus atribuciones.
Previo al inicio del ciclo escolar, la PROFECO y la CONDUSEF estiman que el gasto promedio por estudiante durante esta temporada puede alcanzar hasta diez mil pesos, distribuidos principalmente entre 煤tiles escolares, inscripciones, uniformes, y ropa y calzado, rubros que en conjunto representan la mayor parte del presupuesto familiar destinado al regreso a clases.
“Resulta una pr谩ctica recurrente y ampliamente documentada que diversas instituciones educativas particulares condicionan la inscripci贸n o la prestaci贸n del servicio educativo a la adquisici贸n de uniformes, 煤tiles, libros de texto o materiales escolares exclusivamente con determinados proveedores previamente designados por la propia escuela, restringiendo as铆 la libertad de las madres, padres y tutores para elegir d贸nde adquirir dichos bienes y, en muchos casos, oblig谩ndolos a pagar precios superiores a los del mercado”
La PROFECO ha se帽alado expresamente, en su Gu铆a de Regreso a Clases 2026, que ninguna instituci贸n particular puede obligar a las familias a comprar 煤tiles, uniformes o materiales escolares en un establecimiento espec铆fico, pues dicha conducta constituye una condici贸n de venta contraria a los derechos de las personas consumidoras y puede ser objeto de denuncia y sanci贸n.
En la exposici贸n de motivos, el diputado dej贸 claro que no se trata de atacar a las instituciones educativas particulares ni de cuestionar la educaci贸n privada, sino garantizar que las reglas sean claras, que exista informaci贸n suficiente, que haya vigilancia y que las familias puedan tomar decisiones libres e informadas dentro del marco jur铆dico aplicable.
