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Durante la discusiรณn del Paquete Fiscal para 2025, la diputada Verรณnica Martรญnez solicitรณ, mediante una reserva, que se destine un porcentaje del ingreso por derecho minero que pagan los particulares a las comunidades donde se realiza esta actividad.
“Desde el 2020, cuando el gobierno federal decidiรณ desaparecer el Fondo Minero, aรฑo con aรฑo hemos venido solicitando que se etiqueten recursos para las mรกs de 650 comunidades donde se realiza esta actividad, con el objetivo de resarcir las afectaciones ocasionadas al entorno social”, argumentรณ Martรญnez Garcรญa.
Segรบn el informe anual 2024 de la Cรกmara Minera de Mรฉxico, durante el 2023 el sector minero aportรณ el 2.75% del PIB nacional. Ademรกs, tuvo una inversiรณn total de 4,960 millones de dรณlares, generรณ 416,875 empleos directos y realizรณ una aportaciรณn fiscal, entre impuestos y derechos, del orden de 49,495 millones de pesos.
La desapariciรณn del Fondo Minero se dio bajo el argumento de acciones de opacidad y corrupciรณn; ademรกs, se planteรณ redirigir esos recursos hacia programas prioritarios del gobierno federal, como la construcciรณn de infraestructura, educaciรณn, salud y bienestar. Esto generรณ una serie de crรญticas y protestas por parte de los gobiernos locales y la sociedad civil, especialmente en los estados mineros como Coahuila, Zacatecas, Durango y Sonora, donde los recursos poco se han visto reflejados.
“Hoy, en la Ley Federal de Derechos, nos proponen un incremento a estos derechos, pasando del 7.5% al 8.5% en el derecho especial y del 0.5% al 1% en el derecho extraordinario. Por lo tanto, estoy solicitando un reacomodo de los porcentajes para que se etiquete un 15% de los derechos recaudados a los municipios mineros, sin afectar los porcentajes ya asignados”, argumentรณ Martรญnez.
Estos recursos que otorgaba el Fondo a las comunidades mineras, en muchos casos, eran extras a su presupuesto y representaban la รบnica posibilidad que tenรญan para realizar obras de infraestructura de gran impacto.
