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En el marco de la transici贸n hacia un nuevo sistema de justicia civil y familiar, la diputada Roc铆o Rebollo Mendoza present贸 la iniciativa de reformas al art铆culo sexto transitorio del C贸digo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que se establezcan las partidas presupuestarias necesarias para su implementaci贸n.
Al hacer uso de la tribuna y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, inform贸 que este c贸digo, que deber谩 adoptarse a m谩s tardar el 1 de abril de 2027 por todas las entidades del pa铆s, situaci贸n que plantea un desaf铆o significativo para los poderes judiciales locales.
“El reto a煤n est谩 por comenzar, ya que este c贸digo no solo exige la adecuaci贸n de los marcos jur铆dicos locales, sino que requiere recursos presupuestarios sustanciales que actualmente no est谩n garantizados”, subray贸.
Record贸 que en comparaci贸n con la implementaci贸n del sistema procesal penal acusatorio, que cont贸 con recursos federales asignados entre 2011 y 2016, este nuevo sistema enfrenta restricciones presupuestales importantes.
“Mientras el sistema penal acusatorio fue apoyado por la federaci贸n, ahora la responsabilidad recae totalmente en los congresos locales, seg煤n lo establece el transitorio sexto del decreto”, explic贸 la diputada.
Agreg贸 que actualmente, los poderes judiciales locales atienden el 70% de la carga de trabajo en comparaci贸n con el 30% que corresponde al Poder Judicial de la Federaci贸n, pero cuentan con menos de la mitad del presupuesto asignado a este 煤ltimo.
“Sin una inversi贸n federal en infraestructura f铆sica, tecnolog铆a y capacitaci贸n, este c贸digo no ser谩 eficaz. La falta de recursos podr铆a convertir esta reforma en un sue帽o irrealizable”, advirti贸 Rebollo Mendoza.