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Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protecci贸n y garantizar condiciones seguras para quienes se atreven a denunciar actos de corrupci贸n, el diputado Fernando Rocha Amaro, propuso reformar la Ley para la Protecci贸n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Hoy, quienes se atreven a denunciar enfrentan riesgos similares a los de un periodista o un defensor de derechos humanos: amenazas, represalias, campa帽as de desprestigio e incluso violencia f铆sica. No podemos exigir valent铆a si como Estado no les garantizamos protecci贸n”, subray贸 al realizar la ampliaci贸n de motivos.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, explic贸 que la propuesta plantea reconocer como persona defensora de derechos humanos a toda aquella que presente una denuncia formal por hechos de corrupci贸n ante las instancias competentes, otorg谩ndole as铆 el marco de protecci贸n que la ley establece para periodistas y activistas.
El legislador puntualiz贸 que quien denuncia la corrupci贸n est谩 defendiendo a la sociedad entera, por lo que resulta indispensable reconocerlo como defensor de derechos humanos y ser congruentes con los est谩ndares internacionales establecidos por la Convenci贸n de las Naciones Unidas contra la Corrupci贸n, la Convenci贸n Interamericana contra la Corrupci贸n y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Pol铆ticos, as铆 como de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales.
“Esta reforma fortalece nuestra democracia, protege a quienes se atreven a decir la verdad y reafirma que en Durango la dignidad humana es el centro de la vida p煤blica. Cuando se protege a quien denuncia la corrupci贸n, avanzamos como sociedad y construimos el futuro de todos”, resalt贸 Rocha Amaro.
Rocha Amaro destac贸 que la corrupci贸n vulnera de manera directa e indirecta los derechos humanos, al afectar la calidad de los servicios p煤blicos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las comunidades.
Finalmente, se帽al贸 que este fen贸meno debilita las instituciones, corroe la confianza ciudadana, alimenta la impunidad y agrava la desigualdad social, adem谩s de impactar derechos colectivos como el acceso al agua, la salud, la educaci贸n y un ambiente limpio.
