𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗠𝗲𝗿𝘆 𝗔𝘆𝘂𝗽 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗩𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗮.

 

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, fijó hoy su postura en torno a la figura de la violencia vicaria.

Lo anterior, al externar su posicionamiento durante la Sesión del Pleno, en su carácter de Tribunal Constitucional, en la que por unanimidad de votos de los Magistrados, se acordó enviar un exhorto al Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para analizar técnicamente el diseño normativo de la violencia vicaria contemplada en el Código Penal de la entidad.

Tras recordar que la violencia vicaria no surgió de manera improvisada, sino como una forma de respuesta ante una realidad dolorosa que busca dañar a las mujeres en contextos de violencia de género mediante la instrumentalización de hijas e hijos, el Magistrado Presidente afirmó que, desde el Poder Judicial de Coahuila, se han asumido acciones concretas, atendiendo compromisos internacionales aceptados por México para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.

“Desde el Poder Judicial hemos asumido esas obligaciones con hechos. Fuimos pioneros en la creación de juzgados especializados en violencia familiar, una decisión que en su momento implicó reconocer que no todos los conflictos pueden atenderse con las mismas herramientas”, expuso.

Sin embargo, comentó que el diseño normativo actual de la violencia vicaria ha provocado tensiones al configurarse de manera indistinta, sin una delimitación acorde con la perspectiva de género, que le dio origen, apartándose de su finalidad protectora.

No obstante, aclaró que el trato diferenciado en favor de la mujer no las exime de responsabilidad, pues la igualdad no elimina la obligación de responder ante la ley por una conducta ilícita.

Asimismo, insistió que la violencia vicaria debe mantener la finalidad que le dio origen y proteger a la mujer sin generar confusión con otras conductas, las cuales ya están contempladas en la ley.

Enfatizó que en este tema lo más importante para la sociedad, y por encima de cualquier debate, es la protección de las niñas, los niños y adolescentes que son involucrados en las controversias y disputas de sus padres.

“El eje rector debe ser siempre el interés superior de la niñez como principio jurídico vinculante para todas las autoridades. Las niñas y los niños no pueden convertirse en instrumentos procesales”, agregó .

“Hay que decirlo con firmeza. Las denuncias falsas, provengan de donde provengan, no ayudan a las infancias, por el contrario, las colocan en un escenario de conflicto que los daña profundamente al pagar los desacuerdos de los adultos”, sostuvo.

Precisó que la justicia no puede prestarse a simulaciones y, como lo ha reiterado en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia; “Los tribunales no estamos para auspiciar venganzas familiares ni tampoco para ser escenarios donde se prolonguen disputas personales en perjuicio de nuestro niños y niñas”.

Añadió que, como tribunales, asumen la responsabilidad de proteger, no de destruir, a las familias cualquiera que sea su configuración.

“En la actualidad podemos observar que la familia no es un modelo único ni una estructura rígida; es una realidad social que merece tutela jurídica en todas sus expresiones”, resaltó.

Finalmente subrayó que como órgano constitucional reiteraban su compromiso de juzgar con perspectiva de género, con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia u respeto a los derechos humanos.