๐๐ถ๐ฝ๐๐๐ฎ๐ฑ๐ฎ๐ ๐ ๐ฑ๐ถ๐ฝ๐๐๐ฎ๐ฑ๐ผ๐ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฃ๐ฅ๐ ๐ถ๐บ๐ฝ๐๐น๐๐ฎ๐ฟ๐ฎ́๐ป ๐ฟ๐ฒ๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐ ๐ฝ๐ฒ๐ป๐ฎ๐น๐ฒ๐, ๐ฎ๐ป๐๐ฒ ๐ฎ๐๐บ๐ฒ๐ป๐๐ผ ๐ฑ๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐น๐ถ๐๐ผ๐ ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฒ๐๐ถ๐ฑ๐ผ๐ ๐ฝ๐ผ๐ฟ ๐บ๐ฒ๐ป๐ผ๐ฟ๐ฒ๐
Casos recientes en la capital y el estado evidencian participaciรณn de adolescentes en delitos graves, incluido homicidio.
Ante el incremento de delitos de alto impacto cometidos por menores de edad en la ciudad de Durango y en distintas regiones del estado, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local planteรณ la necesidad urgente de reformar el marco legal nacional para responder con mayor eficacia a esta problemรกtica.
La diputada Rocรญo Rebollo Mendoza advirtiรณ que los recientes casos registrados, como el homicidio de las maestras en Michoacรกn y otros en esta entidad, con la participaciรณn de adolescentes en homicidios y otros delitos graves, ya no pueden considerarse hechos aislados, sino parte de una tendencia que refleja una preocupante fractura social.
“Lo que estamos viendo en Durango no es menor. Son jรณvenes que estรกn siendo absorbidos por entornos de violencia y estructuras delictivas, y un sistema legal que hoy no estรก respondiendo con la proporcionalidad que la realidad exige”, seรฑalรณ.
De acuerdo con datos del INEGI, durante 2023 se registraron mรกs de 32 mil adolescentes imputados por delitos en Mรฉxico, lo que representa un aumento superior al 40% en los รบltimos aรฑos.
Esta tendencia tambiรฉn tiene eco en Durango, donde en meses recientes se han presentado casos que han generado alarma social, particularmente por la gravedad de las conductas y la edad de quienes participan en ellas.
Ante este escenario -dijo Rocรญo Rebollo- el Grupo Parlamentario del PRI, se propuso impulsar reformas al Cรณdigo Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objetivo de fortalecer las herramientas jurรญdicas del estado y el paรญs, frente a delitos de alto impacto cometidos por menores de edad.
Enfatizรณ que “hoy el marco legal tiene limitaciones que, en ciertos casos, pueden generar percepciones de impunidad y no podemos permitir que la edad se convierta en un escudo frente a delitos que lastiman profundamente a la sociedad”, expresรณ.
Subrayรณ que esta propuesta no busca criminalizar a la juventud, sino actualizar el sistema de justicia para responder a una realidad distinta, manteniendo el enfoque garantista y el respeto a los derechos humanos.
“El objetivo es claro: proteger a las y los adolescentes, pero tambiรฉn garantizar justicia para las vรญctimas. La reinserciรณn social sigue siendo fundamental, pero no puede estar desvinculada de la gravedad de los hechos”.
Finalmente, la legisladora lagunera reiterรณ que Durango no puede permanecer ajeno a esta problemรกtica nacional, y que es momento de actuar con responsabilidad y firmeza.